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A pesar de toda la oposición ciudadana, el Gobierno del PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para llevar adelante la Ley SInde e instaurar la censura en internet, según informa EL País y la Cadena Ser. Asociación de Internautas

A pesar de toda la oposición ciudadana, el Gobierno del PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para llevar adelante la Ley SInde e instaurar la censura en internet, según informa EL País y la Cadena Ser. Asociación de Internautas

 "El texto de la enmienda se puede leer en la web de El País. Un maquillaje para hacernos tragar una ley que no sirve para lo que pretenden (las webs de enlaces no van a acabar con esa Ley) pero si para que los políticos y sobre todo la oligarquía de la cultura, puedan decidir sobre algo tan fundamental como la libertad de expresión.

Ahora dicen que hay más garantías judiciales... ¿es que antes no las había?. ¡¡¡Ah, no!!! Es que la industria cultural, socidades de gestion y la dictuadura del culturetariado habían perdido todos los juicios que habian hecho contra las webs de enlaces. Ahora el Gobierno, con esa falsa oposición que es el PP y los de CIU, han conseguido no solo ganarse el fervor de esa industria obsoleta, sino aprovechar para poder poner una mordaza a cualquier web que les sea molesta. Porque esta Ley no sirve para lo que dicen.. sirve para muchisimos mas intereses ocultos."

¿Qué es?

Quizá sea mejor aclarar que no es la ’Ley Sinde’. Porque, en realidad, no es una ley. Tampoco es un procedimiento para cerrar páginas web. Es una modificación de una serie de leyes y normas para facilitar el cierre de páginas web que vulneren la propiedad intelectual según los criterios de una Comisión de Propiedad Intelectual que se encargaría de tramitar las denuncias sobre el particular ante la justicia, garante última del proceso.En concreto, la ’Ley Sinde’ reformaría la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) , la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

¿Para qué sirve?

Sobre el papel, el objetivo de esta norma es proteger el derecho a la propiedad intelectual. Pero de forma muy curiosa por dos motivos. El primero es que convierte al Ministerio de Cultura en garante del derecho de propiedad intelectual aunque controlado por la Justicia. El segundo es que establece que se podrá actuar no sólo contra quien cause un daño, sino contra quien "sea susceptible de causar un daño patrimonial". Es decir, se trata de una medida de actuación preventiva. Algo parecido al canon cuya modificación ha pedido rotundamente la Unión Europea.

Una actuación preventida motivada porque, hasta ahora, los jueces han quitado la razón una y otra vez a la industria discográfica o del cine ya que ha absuelto una y otra vez a internautas que han descargado contenidos y a páginas web que enlazan contenido protegido. Por algo tan sencillo como que enlazar no es un delito. Así, mientras es imposible demostrar lo sea, sí podría argumentarse que una página web de enlaces es "susceptible de causar un daño patrimonial".

¿Cómo funciona?

      La ejecución de su resolución sólo puede llevarse a cabo tras una autorización de un juzgado central de lo contencioso-administrativo. Es decir, acabamos, de nuevo, ante los tribunales. Pero con las reformas explicadas anteriormente, no habría que probar que ha habido un daño, sino que el sitio infractor es "susceptible de causar un daño patrimonial". Suena muy... preventivo, ¿no?

¿Cómo nos afectaría esta ley si se aprueba?

Lo más triste es que, probablemente, sería una ley inútil de salir adelante porque su jurisdicción sería únicamente el territorio español. Quizás podría suponer el cierre de un montón de páginas web de enlaces -o no- pero quedarían tantas ahí fuera que sería imposible acabar con todas. Es decir, únicamente serviría para amedrentar, pero desde luego no tendría un efecto práctico en la disminución de las descargas.

Por otra parte, no conozco ninguna página web que no use una imagen, un vídeo o una plantilla que no esté protegida por derechos de autor. Incluso sin hacerlo de forma maliciosa. Si alguien se pusiese quisquilloso, se podría pedir el cierre del 95% de las páginas web españolas. Y no exagero, desde el blog con menos tráfico a los medios de comunicación más grandes. No hablemos de Google, Facebook o YouTube, repletos de enlaces y contenidos protegidos.

Y, lo último y más triste de todo es que se trataría de una norma que establece como garante de un derecho a quien crea la ley para defenderlo -aunque haya control judicial en última instancia-. ¿Se imaginan que el Ministerio de Cultura crease una Ley para defender la libertad de expresión y decidiese quién la vulnera? Pues eso.


Artículo de Sergio Rodríguez en El Mundo 

 

Quien hace la ley, hace la trampa. No es justo.

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